El Gobierno central adoptará las «medidas necesarias» para reabrir Toralla al público

La de Toralla es una realidad anacrónica. Una isla en el corazón de la ría de Vigo, separada de la costa por apenas 500 metros, pero vetada al acceso de la ciudadanía por un vigilante jurado a cargo de los propietarios. Porque es una isla privatizada, concesionada a mediados de los años sesenta durante casi un siglo (99 años), pese a incumplir la Ley de Costas o a contravenir fallos hasta del Tribunal Supremo. «Las concesiones otorgadas para la construcción de accesos artificiales a islas o islotes de propiedad particular [...] se revisarán de oficio por el Ministerio de Obras Públicas [...] de forma que se garantice el acceso al dominio público marítimo-terrestre insular y a los espacios sometidos a la servidumbre de tránsito». Es lo que expone, por ejemplo, el reglamento de Costas. Pero, hasta hoy, ninguna normativa estatal, comunitaria o pronunciamiento judicial han logrado revertir este cierre o la ausencia de una servidumbre de tránsito para que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. La isla todavía es privada pero ahora, 59 años después de la concesión firmada con Toralla Sociedad Anónima, el Gobierno central está determinado a que deje de serlo.

«La Dirección General de la Costa y el Mar —es un departamento adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico— es consciente de las limitaciones existentes en la isla de Toralla en relación con la efectividad de la servidumbre de tránsito, y trabaja en una solución para revertirlas». Así acaba de indicarlo por escrito el Gobierno central a una pregunta formulada por la senadora nacionalista Carme da Silva; la respuesta tiene fecha de este miércoles, 9 de octubre. «El ministerio va a adoptar las medidas necesarias para que la isla de Toralla sea de accesibilidad pública, de acuerdo con el contemplado en la normativa de Costas», remacha. Madrid trabaja ya con el Servicio Provincial de Costas para que en este espacio se habilite una servidumbre de tránsito para cualquier ciudadano que quiera rodearla, independientemente de que existan parcelas privadas. Este camino de acceso público deberá contar con un ancho mínimo de 6 metros, de acuerdo a la misma legislación aplicable. «Establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 mestros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». La contestación de Transición Ecológica es breve, no pasa de cuatro párrafos escuetos, pero muy directa. Porque expone que esta zona, esa franja de 6 metros, «deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos» que, en todo caso, habría que delimitar una vez acordado el procedimiento concreto que retirará la valla después del puente. «La habilitación de la servidumbre de tránsito —explica por último el departamento que dirige Teresa Ribera— es un objetivo».

Clamor social y vecinal

La respuesta en el Senado llega después de que este verano asociaciones vecinales y ecologistas iniciaran la «Reconquista de Toralla», al menos en sentido figurado. Y es que las concentraciones del 13 de julio y el 5 de octubre no serán las únicas acciones a desarrollar para presionar al Gobierno en esta materia. Desde Ecoloxistas en Acción avanzan que ya trabajan en una querella contenciosa o penal para que este tema «no muera» entre preguntas parlamentarias o manifestaciones. Sin embargo, todavía no se ha definido si hacerlo contra los propietarios de la isla –ya suman varias sentencias en su contra– o el Gobierno por permitir este incumplimiento de la ley. Su portavoz, Cristóbal López, recuerda que en la etapa de Elena Espinosa como ministra del ramo se aprobó y presupuestó un proyecto que se dejó caer porque afectaba a varios embarcaderos y piscinas privadas que llegan hasta las rocas y el mar. A su vez urge al Concello a «liderar» esta reivindicación al ser una cuestión de interés local.

En la misma línea apunta Ángel Goberna, de la A. V. V. San Miguel de Oia, al señalar que no ha habido voluntad de Urbaniso de frenarlos. «Han seguido robando terreno al mar», recuerda en referencia a las obras acometidas desde 1988, también en Cabo Estai. Ambos se muestran escépticos ante la transferencia de las competencias del litoral a la Xunta, ya que no ven en ella voluntad de solucionar una cuestión enquistada.

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