«¿Quieres irte? Puedes tirarte al mar»

Sus nombres son Akhmad, Angga, Muhammad Sahrudin y Muhammad Syafi’i. De familias de muy bajos recursos y procedentes de zonas rurales, no habían salido nunca de su Indonesia natal hasta que fueron embarcando, desde 2020, en distintos pesqueros de palangre de pabellón chino. Aunque firmaron contratos por entre 300 y 700 dólares mensuales de salario, todos ellos habían quedado empeñados hasta los dientes con el intermediario que los colocó en cada barco. No ganaron nunca un dólar en meses y meses de marea; todo su sueldo les era detraído para pagar las supuestas deudas y para mandar —eso les decían— algunos centavos a casa. A Indonesia no llegó ningún giro. Sahrudin, el mayor de ocho hermanos, no pudo devolver a su madre, como le había prometido, el dinero obtenido de la venta de cuatro abalorios con los que pagó el billete a un futuro que, pensaba, sería prometedor.

Akhmad, Angga y los dos Muhammad son los protagonistas de una demanda inédita, formulada contra un gigante de la industria conservera norteamericana, Bumble Bee Seafood, al que acusan de haber sido partícipe y cómplice de un martirio de trabajos forzosos y malos tratos a bordo. La acción judicial, presentada en la United States District Court for the Southern District of California, sostiene que tanto la conservera como su matriz, el holding taiwanés FCF, conocían los abusos contra los marineros, violando por tanto la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata y la Violencia de 2000. En lugar de buenos trabajos con los salarios prometidos, los hombres fueron sometidos a abusos físicos y violencia, privados de alimentación adecuada y se les negó atención médica incluso cuando estaban gravemente heridos. Si no cumplían los dos años a bordo —casi siempre sin pisar puerto— estaban amenazados con un recargo de hasta 20.000 dólares; es más de cinco veces el salario anual mínimo en Indonesia. Cuando Akhmad pidió irse, su capitán le espetó: «Si quieres volverte a casa puedes tirarte al mar».

El Run Da 5 es el primer buque mencionado en la demanda. Está registrado en la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (Wcpfc), propiedad de la armadora Weihai HuanhaiI Aquatic. Forma parte de un inmenso conglomerado pesquero con base en Shandong, provincia al noreste de China donde está el puerto homónimo o los de Qingdao y Yantai. El Run Da 5, de poco más de 35 metros de eslora por 7 de manga, lleva desde el 18 de diciembre de 2023 sin ir a tierra. Los otros dos palangreros en los que trabajaron los tripulantes indonesios son el Lu Rong Yuan Yu 878 y Lu Rong Yuan Yu 211. El último ha cambiado de nombre —ahora es Jinyang 807— y es de Aoxian Fishery; pertenecía hasta noviembre de 2021, al menos, a Rongcheng Ocean Fishery, del mencionado entramado de Shandong. El 878, por último, está adscrito a Shandong Shawodao Ocean Fishery (fue, también, de Rongcheng).

Según las acusaciones que se incluyen en la demanda , estos pesqueros formaban parte de una red de proveedores de atún certificados por su sostenibilidad y buenas prácticas a bordo. «La acusada Bumble Bee obtuvo o intentó obtener, a conciencia, beneficios económicos y de otro tipo derivados de la venta de atún obtenido con trabajo forzoso», zanja el documento, que incluso hace referencia al ex consejero delegado (CEO) del grupo, J. Douglas Hines, que abandonó la empresa en 2017 desencantado por las malas prácticas en el sector. «Era conocedor de las prácticas de esclavitud en ciertas flotas», menciona. Bumble Bee quebró en noviembre de 2019 y sus activos fueron adquiridos por FCF por casi 930 millones de dólares.

FARO ha recogido ya en diversas informaciones el contenido de investigaciones, externas y propias, de prácticas ilegales en buques de pabellón o propiedad de China. Un último estudio del pasado febrero y editado por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ha cifrado en 66 las muertes a bordo en barcos de calamar asiáticos en la última década.