Galicia gestionará la costa para equilibrar respeto al medio ambiente y la economía

Galicia asume la gestión de los usos de su litoral, la primera transferencia competencial en 17 años que será efectiva el 1 de julio, fecha a partir de la cual será la Xunta la que dé el visto bueno a los permisos a viviendas, industrias o edificios públicos para permanecer en la primera línea de costa.

El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó este miércoles que tratarán de «compatibilizar el respeto» al medio ambiente «con la necesidad de que haya una vida económica ordenada», un aspecto que, añadió, se prima mejor «desde la cercanía».

Rueda y el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, corolaron tres años de desencuentros entre ambas administraciones con una declaración institucional posterior a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en Santiago en la que se certificó la cesión competencial a Galicia.

Las buenas palabras y las apelaciones a la «cogobernanza» por parte de Torres y a la colaboración de Rueda trataron de correr un velo sobre el choque mantenido entre ambas administraciones.

Ante las reticencias del Gobierno a traspasar las competencias sobre el litoral, la Xunta aprobó una ley que blindaba esas potestades —aunque aplicando la normativa estatal— y el Ejecutivo la recurrió ante el Tribunal Constitucional. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegó a tachar esa norma gallega de «casi una declaración de independencia», a pesar de que ya contaban con ellas Andalucía, Canarias y Baleares, a las que sumaron Euskadi y, ahora, Galicia. Incluso el PSdeG secundó el argumento del Gobierno de que era necesario reformar el Estatuto de Autonomía para gestionar el litoral.

Rueda se refirió de forma velada al enfrentamiento, recordando que solicitaron competencias ya en manos de otras autonomías. «No pedimos privilegios, pedimos hacer aquello a lo que tenemos derecho», defendió.

Superada la fase del pulso, la Xunta será ahora la que tendrá responsabilidad sobre las autorizaciones para ocupación y usos en el dominio público marítimo terrestre, es decir, dará la luz verde a piscifactorías, cetáreas conserveras, astilleros, chiringuitos o papeleras como Ence. Lo hará, eso sí, ajustándose a la legislación básica estatal y en las mismas condiciones que Euskadi, cuyo traspaso costará 4 millones de euros. En el caso de Galicia serán 1,2 para la financiación de medios humanos y materiales, más otros casi 700.000 este año por el uso de espacios.

La Administración central se reserva fijar el importe de los cánones por uso del dominio público marítimo terrestre, el rescate de concesiones o la potestad sancionadora, según recordó el Ministerio de Política Territorial.

Torres reconoció que «quizás se podía haber hecho antes» el traspaso, si bien alegó que «no era sencillo», a pesar de que otras cinco comunidades sí contaban con esa competencia y de que Galicia es la que más kilómetros de costa posee gracias a sus rías.

Una vez firmado el acuerdo, el ministro ensalzó no solo la voluntad descentralizadora del Ejecutivo central, sino que «la gestión del litoral va a ser mucho más efectiva» en manos de la Administración autonómica, que tramitará los permisos que decidirán el futuro de 4.000 edificaciones y un centenar de empresas, según cálculos de la Xunta, que prevé elaborar un nuevo informe sobre la situación que previsiblemente se revisará en el Consello del lunes.

La oposición se refirió a esta cuestión. La líder del BNG, Ana Pontón, lo hizo tirando de retranca y recordando que se trata de la primera cesión competencial desde 2008. «¿Lo sacamos en volandas?», ironizó. Por su parte, el socialista José Ramón Gómez Besteiro destacó la «colaboración» del Gobierno en el traspaso, que frenó hasta la sentencia del Tribunal Constitucional.