INVESTIGACIÓN
Así fue la detención por la compra de la bebé: arresto y entrega de la niña en el ambulatorio del Sector Sur, en Córdoba
Las primeras pesquisas acreditaron que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico, por un importe de 2.000 euros, con una pareja que estaba en tratamientos de fertilidad

Coche de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL
Pilar Cobos
Acudían a una cita pediátrica en el centro de salud del Sector Sur cuando agentes de la Policía Nacional les reclamaron la entrega de la recién nacida, como así hicieron, y los detuvieron. Ese fue el escenario del arresto, según ha podido conocer este periódico, de la pareja que, presuntamente, compró a una bebé ante sus dificultades para ser padres en Córdoba.
La madre biológica, quien presuntamente vendió a la niña por 2.000 euros, fue detenida en Móstoles (Madrid). Entre los arrestados por la supuesta participación en los hechos se encuentran, además, un hermano y la madre de la mujer que adquirió a la niña.
De este modo, en el marco de la actuación desarrollada en Córdoba, dos personas fueron detenidas el 31 de marzo y otras dos, el 1 de abril. Ese mismo día, los cuatro arrestados pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos.
Fuentes próximas al caso apuntan que todos los detenidos son nacidos en Madrid, excepto el hombre que pretendía atribuirse la paternidad, que es jerezano. En cuanto a la madre biológica de la menor, fue puesta a disposición judicial en Madrid.
Sobre esta persona, la Policía Nacional ha detallado este viernes que en 2022 la Fiscalía de Menores de Madrid ya le retiró la custodia de seis hijos por hallarse en situación de desamparo. En el caso actual, la recién nacida ha quedado bajo la tutela de la Junta de Andalucía y ahora es cuidada por una familia de acogida.
La Policía Nacional atribuye a los cinco detenidos la presunta comisión de los delitos de alteración de la paternidad, detención ilegal, falsificación documental y acusación y denuncia falsa. En este sentido, después del nacimiento, la bebé fue inscrita por el Registro Civil de Córdoba como hija de su madre biológica y del hombre que se atribuía, supuestamente de forma falsa, la paternidad.
Denuncia de secuestro
La Policía Nacional ha informado de que su investigación comenzó el pasado marzo, a raíz de la denuncia interpuesta por una mujer de 37 años de edad que manifestaba que una familia de Córdoba había secuestrado a su hija recién nacida y le exigía el pago de 3.000 euros para volver a verla.
La denunciante, madre biológica de la menor, relató que en noviembre conoció a un varón de 24 años en una fiesta, en Madrid, y le confesó su miedo a que los servicios sociales le retirasen la custodia de su hija si nacía en esa capital. De acuerdo con su versión, el joven se ofreció a llevarla a Córdoba y a cuidar de ella hasta que diera a luz.
También afirmó que, tras el parto, quiso marcharse a Madrid con la bebé, pero la familia de Córdoba le aseguró que se la llevaría en unos días. Al no recuperar a su hija pasada una semana, señala que recibió amenazas por parte de miembros de la familia exigiéndole el pago de 3.000 euros en concepto de su mes de estancia en Córdoba si quería volver a verla.
La madre, arrepentida
Ante la gravedad de los hechos denunciados, los agentes iniciaron una investigación que les llevó a la rápida identificación de las personas implicadas. Las primeras pesquisas acreditaron que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico, por un importe de 2.000 euros, con una pareja que estaba en tratamientos de fertilidad.
Asimismo, los investigadores constataron que, tras ser dada de alta, la denunciante acudió al Registro Civil de Córdoba junto a los presuntos compradores. Allí figuraban su madre biológica y el varón de la pareja que la había comprado como progenitores de la recién nacida. Después, este retiró 2.000 euros de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, que fue trasladada a Madrid por otro miembro de la familia.
La labor policial ha revelado que la investigada se arrepintió de vender a su hija y por esto la familia le exigió la devolución de la cantidad que le habían pagado, 2.000 euros, y otros 1.000 euros en concepto de gastos por el mes de estancia en Córdoba.
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