Los campus aspiran a que el nuevo plan de financiación alcance el 1% del PIB

La inyección de ingresos extra supondría elevar en 235 millones las aportaciones anuales

La UVigo destaca la «calidad» del programa vigente y orienta los cambios a lo cuantitativo

Ricardo Cao, Antonio López y Manuel Reigosa.

Ricardo Cao, Antonio López y Manuel Reigosa. / Xoán Álvarez

Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Ya en 2008 el presidente de la Xunta del bipartito, Emilio Pérez Touriño, hablaba de dedicar a las universidades más del 1% del PIB. Con Alberto Núñez Feijóo, ese porcentaje resucitó, pero tampoco llegó a materializarse en los planes de financiación. En 2022 los rectores insistieron, pero el 1% sigue sin concretarse y la actual planificación decae a finales de 2026. Ahora sus ojos están puestos en la negociación del Plan Galego de Financiamento Universitario que lo sucederá. La cuenta atrás hacia un nuevo pacto entre Xunta y rectores ya ha arrancado y los segundos insisten en el 1%, esta vez con el aval de una legislación estatal que blinda que alcancen esa cifra en 2030.

Cálculos con el PIB más reciente

En función del año de referencia, la cantidad extra que supondría ese 1% varía. Si la base fuese el PIB gallego de 2023, se traduciría en 773 millones de euros, en torno a 235 más que los 538 que la Consellería de Educación destinará este año a los campus, conforme a lo trasladado por su titular, Román Rodríguez, al Parlamento. La aportación de la Xunta a los campus con el plan de financiación suponía el 0,72% del PIB en 2023, pero el conselleiro avisaba de más contribuciones al margen del plan.

Aunque en un principio la Xunta censuró la legislación del Gobierno central preguntándose cómo se repartirá ese esfuerzo extra de financiación hasta el 1%, el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, es optimista, no prevé «grandes dificultades en la negociación» del plan y confía en que Galicia sea «de las primeras» autonomías en alcanzar esa meta.

El compromiso en esa línea de la Xunta

Así lo da a entender la Xunta. El actual mandatario, Alfonso Rueda, recordaba a principios de marzo su compromiso de destinar ya en esta legislatura —que culminaría en 2028— el 1% del PIB gallego a las universidades y, en la apertura del curso, el conselleiro de Educación ya había destacado que Galicia sería «la primera» en alcanzar esa cantidad en recursos públicos transferidos o captados por las universidades. En el acto de apertura oficial ejerció de anfitrión Ricardo Cao, rector de la Universidade da Coruña (UDC), quien defiende que «lo deseable», de hecho, es no tener que esperar a 2030.

Ángel Fernández Castro, Vicerreitor de Economía e Planificación Estratéxica de la UDC, suscribe al rector y percibe «alguna fisura» en el actual Plan que se debe «tener en cuenta» en el nuevo. «Esencialmente», dice, «las universidades tenemos un desequilibrio financiero estructural, dado que el plan actual no está cubriendo el coste estructural», sobre todo de personal y mantenimiento.

Santiago y Vigo, equipos al final del mandato

El equipo rectoral de la Universidade de Santiago prefiere no pronunciarse al entender que la definición de líneas rojas le competerá al relevo. También Manuel Reigosa afrontará elecciones en 2026. Con todo, y tras aclarar que el nuevo plan lo tendrá que «cerrar» el futuro equipo, asegura que el suyo, el actual, trabajará duro para «avanzar» en él y que «el punto de vista fundamental» que los guía es el horizonte del 1% del PIB, «que va a suponer un antes y un después». «Podríamos negociar cuál es el ritmo plurianual», concede. Por lo que respecta al resto del plan ahora vigente, lo ve «muy bueno y completo», y, si bien añade que la UVigo está abierta a negociar «hasta el último de los indicadores», lo «fundamental», repite, sería más cuestión de «cantidad que de calidad».

Crear universidades privadas será más difícil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó ayer que su Ejecutivo llevará hoy al Consejo de Ministros, para su «tramitación urgente» y que entre en vigor «lo antes posible», «el endurecimiento de los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios», porque «una universidad no puede ser una máquina expendedora o una fábrica de títulos sin garantías». Entre otros requisitos, dijo, «se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio»; que al informe de la Conferencia General de Política Universitaria se añada otro de evaluación preceptivo elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes; que deban asumir el “compromiso de disponer al menos de un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda” o que tengan que contar con experiencia en gestión universitaria de sus promotores.

Sánchez criticó que, «mientras se ahoga desde el punto de vista de la financiación a las universidades públicas, se extiende una alfombra roja a la creación de nuevos centros para hacer caja convertidos en ‘chiringuitos educativos’». Ya en 2021 el exministro Manuel Castells impulsó una normativa, que ahora se endurece más, que dificultó la creación de centros privados y que implicó, por ejemplo, que aquellas instituciones que empezaron con cinco títulos de grado tuvieran un tiempo para sumar diez, caso de la Universidad Intercontinental de la Empresa, promovida por Abanca. En la comunidad gallega, otro centro, el Cesuga (Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia), busca convertirse en la segunda universidad privada de Galicia.

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