La crisis de Muface impulsa a 5.500 funcionarios a pasarse al Sergas

La crisis de Muface —Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado— quedó resuelta el pasado mes, al menos hasta 2027, que es la vigencia del acuerdo con Adeslas y Asisa para seguir con el modelo de asistencia sanitaria privada que se presta a más de un millón de empleados públicos y familiares en España. Fue 2024 un año de incertidumbre, especialmente los últimos meses, por si se iba a renovar o no el contrato con las aseguradoras que atienden a los funcionarios. Al final se resolvió proseguir con este servicio a cambio de 6.250 millones de euros aportados por el Estado, lo que supuso un incremento de más del 40% de las primas con respecto al anterior contrato.

El trance sirvió para que asomaran las costuras de este modelo sanitario que puso en evidencia recientemente, tras la firma, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El caso es que la crisis supuso un empujón sin precedentes en Galicia al trasvase de funcionarios desde el sistema mutualista al Servizo Galego de Saúde. En el último año se incorporaron al Sergas nada menos que 5.490 empleados públicos, lo que representa casi el triple de altas que la media de los seis años anteriores (2.055, desde 2018).

Con este impulso ya son actualmente 43.009 los empleados públicos que ejerciendo en la comunidad gallega y pudiendo ser atendidos bajo el régimen de Muface, prefieren quedar bajo el paraguas del Sergas. La cifra total supone un incremento del 14,63% con respecto a la de 2024 y es la subida más elevada desde 2018, según los datos aportados por la Consellería de Sanidade.

"Incremento significativo"

«Durante el último ejercicio y tras el inicio de los problemas de licitación del nuevo contrato de Muface, esta cifra se ha incrementado de manera significativa respecto a los años anteriores», enfatiza el departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño, que precisa, no obstante, que en estos números de récord hay que tener en cuenta que no solo se incluyen los trasvases de funcionarios que abandonaron el régimen de Muface, sino también las altas de los nuevos empleados públicos que ingresan en las mutuas y a los que se les ofrece escoger la prestación sanitaria a través de aseguradoras privadas o a través del Sergas.

En febrero (es el mes que termina el periodo de cambio voluntario) de 2018 había 24.559 personas mutualistas dadas de alta en el Sergas. El número no ha parado de crecer desde entonces con porcentajes anuales que oscilaron entre el 3,22% y el 10,16%. En 2019 la cifra subió a 26.640; en 2020, a 28.674; en 2021, a 29.598; en 2022, 32.606; en 2023, a 35.140; en 2024 a 37.519 y finalmente, en febrero de este año se llegó a los 43.009.

Hasta ahora, momento en el que se registraron casi 5.500 altas en un año, el mayor avance se había registrado en 2022 con 3.008 incorporaciones, seguido de 2023 con 2.534 y febrero de 2024 con 2.379. Y el que menos, en 2021 con solo 924.

Más de 100.000 mutualistas

En el caso de Galicia, Muface tenía al cierre de 2023 algo más de 101.000 afiliados, por lo que ya cuatro de cada diez empleados públicos están en la cartera del sistema nacional de salud público. En A Coruña había 43.334, por los 31.725 de Pontevedra y los 13.613 y 12.359 de Lugo y Ourense, respectivamente.

Los funcionarios son adscritos a Muface de forma automática y obligatoria, debiendo escoger anualmente el tipo de atención sanitaria que desean, si privada o pública, siendo febrero el mes que expira el periodo de elección. Es un modelo que no tiene parangón en Europa.

En medio de la crisis, Ministerio de Sanidad llegó a proponer la supresión de Muface, lo que suponía que todos los mutualistas se integrasen en el sistema público. En el caso de Galicia, esto conllevaría a dar de alta de golpe a 58.000 mutualistas, por lo que la Xunta puso el grito en el cielo ante las consecuencias de un movimiento de este calado.

El coste de la supresión de Muface

En un informe específico encargado, se concluyó que esta incorporación supondría «una inversión extra de 170 millones de euros al año e incrementar en casi 12 días la espera media para operar y en 4 días el acceso a la primera consulta con el especialista».

Hasta puso cifras muy concretas. El incremento del gasto anual en Atención Primaria sería de 49,6 millones de euros; de 67,9 millones en atención hospitalaria y de 51,8 en gasto farmacéutico.

Además, la incorporación de los mutualistas conllevaría una subida de entre un 2% y un 3% de la actividad asistencial. Concretamente, en Atención Primaria habría 540.000 consultas más y en la hospitalaria, 213.612 intervenciones quirúrgicas o 6.351 ingresos adicionales.