Poio sigue en el sistema VioGén: «La prioridad es proteger a las víctimas»

La polémica surgida en Poio por la decisión de encargar a la Guardia Civil que asuma la protección de las víctimas de violencia de género en lugar de la Policía Local llevó ayer al gobierno municipal a «aclarar que Poio no sale del sistema VioGén, lo que hace es tomar decisiones para garantizar la máxima protección a las víctimas. Por eso, en la última mesa local de seguridad se solicitó que la Guardia Civil se haga cargo en exclusiva del seguimiento de las víctimas incluidas en el sistema VioGén, priorizando en todo momento garantizar y asegurar su máxima protección».

En un comunicado, el gobierno local dice «lamentar que tanto PSOE como BNG, dos partidos que gobernaron este concello y conocen como funciona VioGén, prioricen la confrontación política» y asegura que «la situación de las bajas laborales en la Policía Local de Poio no repercute en el sistema y en el seguimiento que se hace a las víctimas de violencia machista, ya que desde que se firmó el convenio en octubre de 2022, hay tres agentes adscritos a este servicio, todos ellos en activo en este momento».

Pero ese servicio no parece funcionar con normalidad y así se hizo constar ya en la mesa de seguridad de septiembre de 2024, «a la que no asistió el inspector jefe accidental de la Policía Local de Poio. En esa reunión, miembros de la Guardia Civil advierten que falta documentación en las víctimas asignadas a la Policía Local». Según el Concello, dos carta del subdelegado del Gobierno hacían después referencia a esos incumplimientos del convenio y denunciaba que «ninguno de los tres agentes de la Policía Local de Poio que forman parte del VioGén asistió a las jornadas de formación en protección y seguimiento de las víctimas en las que se adelantaba la mecánica de funcionamiento de la nueva aplicación VioGén2».

Todas estas circunstancias fueron las que llevaron al Concello a «decidir solicitar que la Guardia Civil se haga cargo del seguimiento, poniendo en todo momento en el centro de la decisión a las víctimas. Nuestro deber del Gobierno es escuchar, analizar y, finalmente, tomar decisiones para garantizar la máxima protección a las víctimas en todo momento».