O Marisquiño revive en los juzgados

La causa judicial por el accidente del Marisquiño acaba de dar un giro cuando están a punto de cumplirse siete años desde que se produjo el derrumbe del paseo de As Avenidas, en Vigo, mientras se celebraba uno de los últimos conciertos de aquella malograda edición del festival. Más de 400 personas, la mayoría jóvenes, resultaron heridas. En contra del criterio de la jueza instructora, que sobreseyó provisionalmente el caso, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra es contundente y sí ve materia penal. Por segunda vez ordena reabrir el procedimiento. Y en esta ocasión lo hace además tras entrar en el fondo del asunto, revocando el archivo dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo tras una larga y compleja instrucción en la que llegó a haber cinco investigados y de la que emanaron 354 piezas separadas de responsabilidad civil relativas a cada uno de los lesionados, la mayor parte de los cuales renunciaron al ejercicio de la acción penal tras ser indemnizados por las aseguradoras de Concello y Autoridad Portuaria. El auto dictado esta semana por la sección viguesa, también contrario a la tesis de la Fiscalía que pedía mantener el sobreseimiento, es firme. La causa abierta por el siniestro ocurrido aquel 12 de agosto de 2018 vuelve a estar judicialmente vivo.

¿Por qué la jueza instructora archivó la causa?.

Tras solicitarlo la Fiscalía, la magistrada, en un primer auto de enero de 2023 y en otro de septiembre de 2024, sobreseyó provisionalmente el caso por no ver «transcendencia penal” al considerar que el deber de cuidado y mantenimiento de la estructura de hormigón que colapsó no era una conducta exigible según las indicaciones técnicas de la época de la firma del convenio «Abrir Vigo al Mar” en 1992 entre Puerto, Concello y Zona Franca. Tampoco en el acta de entrega de las obras en 2003.Y, por otra parte, aunque se dictaron dos sentencias en la jurisdicción contencioso-administrativa que declararon la responsabilidad del Ayuntamiento en la falta de mantenimiento de la citada estructura de hormigón, la jueza dijo que esas resoluciones no «tenían” que condicionar la resolución penal.

¿Quiénes fueron los investigados judiciales?.

En la causa hubo investigados –desde 2019 a 2023– que perdieron dicha condición cuando se dictó el archivo. Declararon ante la jueza en esta calidad quienes al menos entonces eran el ingeniero jefe de Vías y Obras y el jefe de Urbanización e Infraestructuras del Concello, Jerónimo C.C. y Juan A.G. respectivamente. Y, por parte del Puerto, el jefe del Área de Planificación e Infraestructuras, José Enrique E.P; el de División de Conservación, Ignacio V.M.; y la entonces directora Beatriz C.G., ésta como responsable civil.

¿Qué dice ahora la audiencia?

El auto de este 7 de abril de la Sección Quinta reabre por segunda vez el procedimiento. Pero si en la primera ocasión los magistrados se limitaron a pedir una motivación del archivo de la causa, ahora analizan profundamente el caso y llegan a una conclusión muy distinta a la de la instructora. Los jueces disienten del argumento de que no hay la infracción del deber de cuidado que exige el tipo penal –delito de lesiones por imprudencia– por no existir en su momento una normativa de mantenimiento e inspección de la estructura de As Avenidas. Rechazan esa interpretación: «Reduciéndola al absurdo, no se podría sancionar a nadie por la caída de un puente romano o una iglesia medieval con un mantenimiento deficitario pero en los que se permite el tráfico o actividades comunitarias porque los romanos o los constructores medievales no habían previsto una regulación específica del mantenimiento de la estructura».

Una «completa omisión” de las revisiones. La sala va más allá y sí considera que existía una «lex artis” que obligaba al mantenimiento, que estaba, esgrime, definida en las normas elaboradas por el arquitecto Vázquez Consuegra en el plan «Abrir Vigo al Mar». Y manifiesta que esas «precauciones/normas» no se cumplieron: hubo una «completa omisión” de las revisiones que se necesitaban. Es más, a juicio de los magistrados la afirmación de que no había dicha regulación «no se sostiene» porque «con su omisión” se estaría «vulnerando el derecho a la vida y la integridad física y moral de los ciudadanos ». Y dicen que las sentencias contenciosas contra el Concello «sí tienen relevancia» en el caso penal.

¿Qué pasará?.

La Audiencia concluye que no puede descartarse esa infracción del deber del cuidado ni por parte del Concello ni del Puerto. El «problema” es que como entidades públicas que son no tienen responsabilidad penal: la instructora deberá ahora razonar «si es posible imputar” por esa omisión a alguno de los «concretos investigados» que tuvo la causa y si se puede exigir responsabilidad civil a estas instituciones. Como la instrucción se cerró, ya no es posible llamar a nuevos investigados.

El caso tuvo cinco investigados de Puerto y Concello: la jueza debe razonar si se les puede imputar una infracción del deber de cuidado

Aunque la mayoría de afectados renunciaron al ejercicio de la acción penal una vez fueron indemnizados, hubo un pequeño grupo que siguió adelante. Los recursos de apelación formalizados por cinco de los heridos son precisamente los que han permitido que se reabra la causa. El abogado Francisco J. Méndez Senlle, que representa a tres de ellos, valora positivamente la decisión de la Audiencia de Vigo. «Llevamos mucho tiempo deseando que se haga justicia”, afirma el letrado, destacando que es muy «importante” el que los magistrados tengan «claro» que debe haber una «responsabilidad» por lo ocurrido.

Una de las jóvenes a las que representa este abogado es Cristina Luisa L.I. Vecina de A Coruña, aquel día de agosto de 2018 estaba en Vigo con unos amigos disfrutando del festival de O Marisquiño. Fue una de las heridas. Su padre Marcos recuerda el «susto» y la «angustia” que vivieron esa noche y la impotencia de ver a su hija en el hospital con la «cara ensangrentada” y «magullada por todo el cuerpo». Tras una larga recuperación, cuenta, aún tiene secuelas: físicas pero sobre todo psíquicas. «Cristina estaba estudiando la carrera de piano y estuvo un año sin poder sentarse ante el piano por las lesiones”, ejemplifica.

Esta familia decidió seguir peleando para que se haga justicia y para que se les indemnice por todo lo que han tenido que gastar en médicos y fisioterapeutas. La cantidad que recibieron, dice, no cubre ni la mitad. «Parece que por fin hay un poco de cordura”, opina sobre la reapertura del caso. «No entiendo que la jueza instructora no encontrase culpables, ¿cómo es posible eso? Alguien tendrá que asumir responsabilidades”.

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