El BNG urge rescatar la AP-9 y el Gobierno lo descarta hasta 2048
El ministerio defiende que “a fecha actual” no hay dictamen de la Unión Europea que declare las prórrogas no acordes a derecho

Vista general del puente de Rande. | // MARTA G. BREA / R. V.
R. V.
El Gobierno central defiende que “a fecha actual, no existe ninguna declaración de la Unión Europea que haya declarado no acorde a derecho” las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9 en favor de Autopistas del Atlántico (Audasa) hasta 2048. Y por tanto, entiende que “tanto la Administración como la sociedad concesionaria están legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional”. Así ha respondido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego.
La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en las prórrogas de la concesión de la Autopista AP-9 –de 10 años con un gobierno socialista y de 25 por otro popular, para una concesión que terminaba en 2013–. Y es que estas ampliaciones se rubricaron sin iniciarse previamente un procedimiento de licitación en el que concurriesen varias empresas.
Las autoridades españolas respondieron a la carta de la Comisión Europea y espera ahora la resolución final. El BNG reclama al Ministerio que haga públicas estas alegaciones.
En la respuesta a la batería de preguntas que, a finales del año pasado, presentó el diputado nacionalista relacionadas con la AP-9 y los peajes, el Gobierno central no asume la apertura del procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea como una declaración de que las modificaciones en la concesión no fueron acordes a derecho.
El BNG urge a desbloquear la transferencia a Galicia de la AP-9 en el Congreso, así como a liberar la infraestructura de la concesión y, por tanto, de los peajes.
La Xunta
Por otra parte, la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ha pedido “transparencia” al Gobierno de España para conocer cuáles pueden ser los motivos para una eventual decisión de no rescatar la AP-9 y continuar con la concesión a Audasa. Recordó que el Consello Consultivo acreditó un “comportamiento abusivo” de la empresa.
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