Docentes de la privada podrán vigilar la selectividad y corregir los exámenes

La puesta a punto para la selectividad comienza en Galicia cuando lo hace el curso académico. Si la CiUG fue especialmente madrugadora al facilitar los modelos de exámenes que afrontarán los candidatos a un puesto en la universidad el próximo mes de junio, que llegan con cambios de exigencia, entre los trabajos de preparación toca elegir a los docentes que asumirán la vigilancia y organización de las pruebas o que se encargarán de corregirlas y de subir las calificaciones a la aplicación informática Nerta. La CiUG, que gestiona el proceso, ya ha abierto el plazo para que los interesados en participar en las comisiones delegadas y en las comisiones de evaluación envíen su solicitud, pero esta vez lo ha hecho indicando que este año los centros privados también pueden solicitarlo.

La convocatoria, que viene derivada de un marco normativo estatal, alegan desde la CiUG, ha suscitado las críticas de sindicatos como CIG-Ensino. Desde esta organización denunciaron ayer que «se abra la puerta de estas comisiones a docentes de empresas privadas» porque entienden que «se rompe un principio básico y fundamental», el de que «solo deben preparar las pruebas y evaluarlas docentes que tengan condición de funcionariado público».

Al respecto, argumentan que hay que tener en cuenta que la prueba dirime el acceso a «universidades públicas» y añaden que «el papel que juegan las empresas privadas en el resultado de la prueba de acceso a la universidad ya es elevado», dado que «el 60% de la nota final depende de una evaluación sin control público», en alusión a que en la selectividad el expediente de Bachillerato determina ese porcentaje de la nota mientras que la prueba pesa un 40%.

Como la CiUG, la CIG apunta a que esta apertura a la privada se sustenta en el nuevo Real Decreto que regula las pruebas de acceso a la universidad y que recoge que esas comisiones, además de profesionales de universidades y de centros de Bachillerato públicos, pueden estar integradas por «personas expertas, de acuerdo con las normas que establezcan las administraciones educativas». Entre esos «expertos», según respondió el Gobierno a Vox, pueden figurar los docentes de la privada.

El sindicato, no obstante, recuerda que en última instancia la decisión recaería sobre las administraciones educativas y demanda a la Consellería de Educación, «de acuerdo con las universidades públicas gallegas, que regule la composición de estas comisiones», limitándolas a docentes de la pública y, excepcionalmente, si no hubiera suficientes profesores de Bachillerato, a otro personal funcionario, como el universitario.

En 2024 las retribuciones por formar parte de una comisión de evaluación ascendieron a 435 euros, mientras que los vocales de las comisiones delegadas percibieron 335 euros. De tomar parte en las dos, el docente percibe el 90% de la suma de ambas gratificaciones. El pasado año hicieron falta unos 750 correctores, que tocaron a entre 125 y 135 exámenes por cabeza.