El Estado asume desde el 9 de abril a los 1.000 menores migrantes no acompañados que han pedido asilo y ahora tutela Canarias

El Gobierno asumirá el próximo miércoles, 9 de abril, la responsabilidad de los 1.008 menores migrantes no acompañados tutelados ahora por Canarias -que de momento lo seguirán estando- y que pidieron asilo o iniciaron los trámites para ser amparados como refugiados por el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional. 

Ahora bien, tal y como reconocen tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como el presidente de Canarias, Fernando Clavijoo, el traslado de los menores "no se hará de la noche a la mañana", pues "es imposible es que pasen, como si fueran una bolsa, de un lado a otro", por lo que se llevará a cabo tras analizar "caso a caso y niño a niño" las circunstancias de cada uno de ellos. Asimismo, y en virtud a las medidas cautelares aprobadas la pasada semana por el Tribunal Supremo, todos los menores inmigrantes sin progenitores que lleguen en el futuro a las costas canarias en cayucos y pateras y pidan asilo serán asumidos de forma automática por el sistema estatal.

Estas son las conclusiones de la reunión interministerial celebrada este jueves en Santa Cruz de Tenerife para dar respuesta al requerimiento del Supremo para que en el plazo "improrrogable" de diez días el Estado asumiera la protección de estos menores, en su mayoría de origen maliense, al reconocer que es el Ejecutivo central, y no el de las Islas, el que tiene la competencia exclusiva en materia de derecho de asilo.

De esta manera, tanto Torres como Clavijo aseguran que se aliviará la congestión de la red de acogida del Archipiélago y el "hacinamiento" de estos menores no acompañados.

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A partir de ahora, Torres insistió en que los ministerios y consejerías autonómicas implicadas abordarán el trabajo "más técnico" y harán "las reuniones que sean precisas" para proceder a trasladar a estos niños y niñas, "siempre defendiendo el interés superior del menor ante unas circunstancias que nosotros no solamente comprendemos, sino con la que hemos actuado". La complejidad del problema lo muestra el hecho de que en la reunión en la capital tinerfeña estuvieron presentes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, los responsables de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y, de manera telemática, la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz; la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y altos cargos del Ministerio de Interior.

Aunque el ministro aseguró que "el auto en ningún caso dice donde deben estar, o si quedarse o ir a otro lugar, sino que tienen que estar en el Sistema Nacional de Acogida", el presidente Clavijo insistió en que dada la saturación de los centros de acogida del Archipiélago "si se quedan aqui no se resuelve el hacinamiento al que hacía referencia el Supremo", por lo que estos 1.008 menores que están solos entran dentro de la distribución a la que se refiere el real decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería y debe ser convalidado el jueves por el Congreso de los Diputados.

"Trabajaremos con el Gobierno de Canarias para un acuerdo, convenio, protocolo, lo que sea procedente, caso a caso, porque habrá menores que lógicamente ya están escolarizados, o que al estar próximos a cumplir la mayoría de edad tienen un trabajo y que no quieran estar en otro lugar", insistó el responsable de Política Territorial.

La salvedad, que tanto Torres como Clavijo pusieron de relieve, es que estos niños y niñas no estarán acogidos en centros dependientes de las distintas comunidades autónomas, sino estatales.

Para Torres, "el problema referido al asilo ya se ha resuelto, hemos cumplido con lo dicho por el Supremo, pero lo que sería dramático es que no se convalidara el real decreto ley, porque estaríamos hablando de 4.000 menores que se quedarían en Canarias", culminó.

Al respecto, Clavijo dijo que "sería dramático que no saliera adelante", pero aunque mantiene su confianza en la convalidación, reconoció que "tal y como está la cosa no podemos decir que las tenemos todas con nosotros", máxime porque algunas comunidades autónomas remitieron datos incompletos e, incluso, aprobaron presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) -como es el caso de Aragón y Madrid- en lo que calificó de "tácticas dilatorias que pertúan la vulneración de los derechos de los menores".

"Corresponde al Gobierno de España exigir estos datos de forma correcta y esperamos no tener que acudir a los tribunales para que se preserve el derecho de los menores", concluyó.

Al respecto, Torres adelantó que el martes hay una nueva conferencia sectorial en la que, si no se entregan los datos correctos, "tendremos que recurrir a aquellos mecanismos administrativos, jurídicos y de otra índole para que cumplan la ley, y espero que ninguno acabe incumpliendo la ley, máxime cuando estamos hablando de seres humanos y su vulnerabilidad al ser menores de edad".