El Gobierno llevará al Congreso la ley de secretos oficiales “en unas semanas” para cumplir con el PNV

La reforma de la ley actual ley franquista de secretos oficiales es una reivindicación histórica del PNV que, legislatura tras legislatura, se le viene atragantando por el freno parlamentario del Ejecutivo al dejarla dormir el sueño de los justos a través de prórrogas en el plazo de enmiendas. Sin embargo, Pedro Sánchez se comprometió con Aitor Esteban, en su última sesión de control al Gobierno antes de dejar el escaño para presidir el partido, a desbloquearla. Para ello, el Gobierno pretende recuperar la tramitación de su propia reforma, que aprobó en primera vuelta en Consejo de Ministros en la pasada legislatura.

Después de excluir esta iniciativa del plan anual normativo de 2024, el Ejecutivo ha pisado el acelerador y en las “próximas semanas” se llevará en segunda vuelta al Consejo de Ministros, según ha avanzado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. De este modo, una vez aprobada, se llevará directamente a tramitación parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo reconocen que el PNV defiende su propio texto, con diferencias sobre los plazos para las desclasificaciones, pero dicen esperar acercar posiciones con el texto definitivo que aprobarán para iniciar su tramitación parlamentaria.

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“Estamos ultimando esa norma”, ha explicado en rueda de prensa el titular de Presidencia y Justicia, para en las “próximas semanas traerla al Consejo de Ministros”. El Gobierno ya se comprometió a aprobar una nueva ley de secretos oficiales en el plan de acción democrática. El PNV lleva años batallando con esta iniciativa y fue la primera proposición de ley que registró al inicio de la legislatura, por lo que aspira a impulsar su propio texto. La norma, tomada en consideración por el Congreso, lleva acumulando prórrogas semanales en su plazo de enmiendas desde hace ahora un año.

En el Gobierno muestran voluntad de acuerdo, pero remarcan la necesidad de “equilibrar” la “seguridad nacional” con el derecho de la ciudadanía al derecho a conocer hechos transcurridos tras un determinado periodo de tiempo que, por el momento, evitan concretar.

El escollo radica en los plazos de desclasificación de los documentos y en los automatismos, puesto que el Gobierno quiere preservar cierta discrecionalidad. Esto es, la capacidad de prorrogar el plazo de desclasificación de documentos concretos por motivos de seguridad nacional.

La denominada ley de Información Clasificada busca “dotar al ordenamiento jurídico español de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia”. En su parte expositiva justifica que el “acceso a la información pública y buen gobierno, exigen acometer una actualización del régimen jurídico de la información clasificada”. Su finalidad, según se añade, “es adecuar el ordenamiento jurídico español a las necesidades actuales y adaptarlo a los estándares internacionales en materia de información clasificada, dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ‘salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas’”.

Arbitrariedad en las prórrogas

La norma ya formó parte de primer plan anual normativo de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Desde el PNV, cuando se aprobó en primera vuelta la reforma, llegaron a calificarla de "inaceptable" e, incluso, de "un paso atrás.

El resto de los socios progresistas también reprocharon los plazos de desclasificación propuestos por el Gobierno y su capacidad para bloquear capítulos como el 23F. El anteproyecto aprobado en primera vuelta en el año 2022 establecía plazos entre los cuatro años (para los menos relevantes) y los 50 (para los más sensibles). La norma actualmente en vigor, de 1968 no marca límite alguno. Además, el anteproyecto establecía que desde una potestad criticada por arbitraria entre los socios, se pueda establecer prórrogas en determinados casos de hasta medio siglo.