El Gobierno delega en Competencia las sanciones a los medios que oculten su propiedad o publicidad institucional

El Gobierno establecerá un régimen sancionador para los medios de comunicación que no hagan pública la información sobre sus propietarios y accionistas, así como de la inversión publicitaria institucional que reciben. Según el anteproyecto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, para adaptar el reglamento europeo de medios de comunicación, la intención pasa por delegar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad sancionadora. Se podrá incluso llegar a decretar el cierre de medios ante una reiteración de incumplimientos, aunque previa autorización judicial. Los consejeros de la CNMC, elegidos por el Gobierno, también controlarán un registro de medios.

Una de las medidas más controvertidas del plan del Gobierno tiene que ver con los criterios a la hora de determinar lo que se entiende o no por un medio de comunicación. Una definición que, sin embargo, quedará al albur de lo que se concrete el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, según explican fuentes del ministerio de Transformación Digital, impulsor de esta nueva regulación. Se trataría del primer paso para posteriormente reformar la ley de publicidad institucional con criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación”, como consta en el plan de Acción por la Democracia del Ejecutivo, y limitar la financiación pública de los denominados “pseudomedios”.

En el Ejecutivo defienden el carácter independiente de la CNMC, cuya estructura deberá reformarse para incluir en su organigrama una dirección en medios de comunicación y otra en servicios digitales. Desde las asociaciones profesionales, sin embargo, se aboga por la creación de una comisión de carácter independiente e integrado por profesionales de los medios de comunicación.

El socio minoritario de la coalición trató igualmente de vetar que Competencia ejerciese estas funciones. Este organismo será el competente además de establecer un procedimiento para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación. Los umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente. Como ejemplo se ponen los establecidos en la ley de comunicación audiovisual, que se fijan en el 27% de la audiencia total.

El Gobierno ha decidido incluir en el mismo anteproyecto la adaptación a la legislación española de la normativa europea sobre servicios digitales. Esta última decayó tras tumbarse el decreto ómnibus en el Congreso. En este caso será igualmente la CNMC el organismo que contará con amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales.

El anteproyecto establece además un riguroso régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves. Un salto cualitativo, teniendo en cuenta que la multa más elevada impuesta por la Unión Europea a una tecnológica apenas representa el 0,6% de sus beneficios anuales.

Algoritmos e IA

Se podrán hasta bloquear determinados servicios de los gigantes tecnológicos, en el caso de que se reiteren infracciones consideradas muy graves o por motivos de seguridad y salud pública, defensa nacional o de protección de la juventud e infancia. “El secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando esta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución”, deberá contar con autorización judicial.

La norma busca hacer frente a los discursos de odio y la desinformación, acabar con el anonimato en las redes sociales o tener acceso a los algoritmos. Al margen de estas reformas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a la UE ir más allá. Tanto a nivel de regulación, para que los “tecnomillonarios” rindan cuenta a título personal ante la justicia en caso de incumplimientos en sus plataformas, como a la hora de presentar una alternativa a los gigantes tecnológicos. Esto es, impulsando sus propias redes sociales, navegadores y servicios de mensajería.

La tercera pata de este paquete de regulaciones tendrá como objetivo la inteligencia artificial, en base a la directiva europea en esta materia. Se llevará al Consejo de Ministros en un anteproyecto independiente, pero en este caso no será la CNMC la competente, sino la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Entre otras cuestiones obligará a identificar el uso de IA, como en el caso de los videos, audios o imágenes de personas reales que son editados con discursos o acciones inventadas, los denominados ‘deepfake’.