Salud digital infantil: un desafío urgente

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en internet, con el objetivo de dar una solución a la preocupación de las familias por los riesgos que suponen para ellos los avances tecnológicos, las redes sociales o el acceso a internet.

Entre las medidas propuestas en la nueva ley está la obligatoriedad de que los dispositivos digitales incorporen controles parentales activados por defecto. «A día de hoy los procedimientos de control parental existentes son fácilmente eludibles por los adolescentes. Por lo tanto, todo dependerá de la implementación de nuevos procedimientos de control parental realmente efectivos», destaca la maestra y terapeuta Rocío Álvarez.

«La implementación de controles parentales obligatorios en dispositivos digitales es una medida imprescindible», coincide Paula Rodríguez, psicóloga especializada en adolescencia, redes sociales, ciberbullying y ciberseguridad: «Los controles pueden ser eludidos y los ciberdelincuentes se las ingenian cada vez mejor y de manera más original para saltárselos y llegar a sus víctimas, sin importar si tienen 13, 40 o 50 años».

Flexibilidad

En este sentido, Paula Rodríguez destaca la necesidad de «adaptar las configuraciones según la edad y madurez del niño o adolescente». «A medida que crecen, las restricciones deben ir flexibilizándose para ofrecerles más libertad, siempre bajo una supervisión adecuada. Además de enfocarse únicamente en lo que hacen en línea, las familias deberían utilizar estas herramientas para promover un uso saludable de la tecnología, estableciendo horarios para el uso de dispositivos y fomentando actividades fuera del ámbito digital», propone.

PAULA RODRÍGUEZ, psicóloga

«Deberían cerrar el acceso a las plataformas que no cumplan con las medidas»

«Los adultos debemos ser ejemplo a seguir en el uso responsable de la tecnología», prosigue. «Se suele pensar que los adultos tenemos un uso más moderado de las tecnologías, sin embargo, diversos estudios demuestran que utilizamos nuestros dispositivos móviles de manera tan excesiva o incluso más que los jóvenes, solo que los adultos nos escondemos bajo las excusas de que estamos trabajando o hablando con familiares cuando muchas veces no es ni verdad». En resumen, «el control parental es una de tantas medidas que se precisan en el ámbito familiar para proteger a los menores, pero la clave radica en establecer una comunicación abierta y colaborativa entre padres e hijos sobre el uso de la tecnología», destaca la psicóloga. «Lo esencial es educar digitalmente a nuestros hijos más allá del uso básico de herramientas como Excel y PowerPoint para que puedan reconocer los riesgos que implica internet».

Por otra parte, serán necesarias estrategias para aplicar estas medidas con adolescentes que han tenido «barra libre» de dispositivos hasta ahora. Rocío Álvarez propone, por ejemplo, una «transición gradual, estableciendo reglas progresivamente, destacando los riesgos y beneficios de un uso más controlado de la tecnología; involucrar a los adolescentes en su configuración, ya que permitiéndole que participen en la personalización de los controles puede hacer que se sientan parte del proceso en lugar de verlo como una imposición; o la proposición de alternativas, fomentando actividades fuera de las pantallas para compensar las restricciones digitales y evitar que la tecnología sea la única fuente de entretenimiento».

La ley sugiere, además, evitar el uso de pantallas hasta los 6 años y utilizar móviles analógicos hasta los 12. En cuanto a la medida de elevar la edad mínima de 14 a 16 años para que los menores puedan abrir cuentas en redes sociales, Paula Rodríguez apunta que «no representa un cambio significativo en la protección de los menores ya que, en realidad, se delega nuevamente la responsabilidad a las empresas que gestionan estas plataformas para controlar el acceso de los jóvenes», subraya. «Estas compañías a menudo argumentan que no cuentan con el permiso necesario para manejar datos sensibles, lo que les permite limitarse a preguntar la edad y solicitar que los usuarios ingresen su fecha de nacimiento. Es evidente que muchos menores simplemente inventarán esa información y nada podrá evitar que accedan. Las empresas que gestionan las redes sociales lo saben y les da igual porque les interesa ese público», afirma, al tiempo que advierte de que «las redes sociales son empresas y cuando no tienes que pagar para acceder es porque de alguna manera sacan rendimiento de los usuarios».

Uso adecuado y límites

«Debemos tener en cuenta que en estas edades el acceso a contenidos en redes puede determinar y condicionar la personalidad y conducta del niño/a o adolescente», apostilla Rocío Álvarez. «A partir de esto, la clave está en educar en el uso adecuado de las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, trasladar como natural que en la vida hay reglas y límites que debemos cumplir».

«A pesar de las normativas, los adolescentes y niños siguen accediendo a contenidos inapropiados y compartiendo el mismo entorno digital con adultos, algunos de los cuales pueden tener intenciones maliciosas, como los groomers», advierte Paula Rodríguez: «Lo que me parece alarmante es que los gobiernos confíen en las empresas para abordar estos problemas, mientras que las redes sociales priorizan su interés en atraer a un público más amplio».

ROCÍO ÁLVAREZ, maestra y terapeuta

«La clave está en educar en el uso adecuado de las nuevas tecnologías»

Además de evitar que cualquier persona pueda mentir sobre su edad para acercarse a menores en las redes, también se regula la activación de las recompensas presentes en los videojuegos, que pueden servir, además, como puerta de entrada a la trata de menores. Así, la normativa introduce sanciones más severas para la creación y difusión de deepfakes de contenido sexual y para el grooming. «Son un paso crucial para combatir los riesgos digitales que afectan a los menores», afirma Rocío Álvarez. «Sin embargo, para que la protección sea realmente efectiva, estas medidas legales deben complementarse con estrategias psicológicas y educativas que ayuden a los menores a reconocer y evitar estas amenazas, como educación digital desde edades tempranas, fortalecimiento de la autoestima y la autonomía digital, promoción de una comunicación abierta con adultos de confianza o el desarrollo de estrategias para reaccionar ante una amenaza digital (cómo reportar contenido abusivo y dónde acudir en caso de que alguien cree o difunda un deepfake de ellos o proporcionar información sobre organismos y líneas de ayuda especializadas)».

Pensamiento crítico

«Las sanciones más severas para la creación y difusión de deepfakes de contenido sexual y el grooming son un avance significativo en la protección de los menores en línea, pero es fundamental complementarlas con estrategias psicológicas efectivas», coincide Paula Rodríguez. «La educación y la concienciación son claves; los jóvenes deben aprender a identificar comportamientos sospechosos y reconocer contenido manipulado. Fomentar habilidades de pensamiento crítico les permitirá cuestionar la información que encuentran en internet», destaca. Además, considera «crucial crear un ambiente que promueva la comunicación abierta, para que los menores se sientan seguros al hablar sobre sus experiencias en línea»: «Para aquellos que ya han sido afectados, ofrecer apoyo psicológico es esencial para su recuperación. También es necesaria la colaboración entre gobiernos, escuelas y organizaciones sin fines de lucro para desarrollar programas integrales que aborden estos problemas de manera efectiva».

Plataformas

Por otro lado, apunta que «las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad implementando tecnologías que detecten deepfakes y estableciendo políticas claras contra el grooming, junto con iniciativas educativas para sus usuarios más jóvenes. Los gobiernos deberían cerrar el acceso a aquellas plataformas que no cumplan con estas medidas. Es preocupante que en X e Instagram se haya relajado el control sobre los mensajes publicados, lo cual ha permitido una mayor difusión de contenido problemático. A pesar de las críticas, seguimos utilizando estas plataformas».

«Al combinar medidas legales con estrategias psicológicas, podemos crear un enfoque sólido que no solo imponga consecuencias a los infractores, sino que también empodere a los jóvenes frente a los riesgos del entorno digital», destaca Paula Rodríguez. «Sin embargo, sería necesario ir más allá y establecer ciertos límites a la libertad de expresión en redes sociales, prohibiendo expresamente cualquier mensaje que promueva violencia u odio hacia cualquier persona. Aunque esta realidad puede ser incómoda, es evidente que ciertos contenidos violentos continúan circulando porque hay un interés detrás de su difusión».

Una llamada a la acción también en los centros educativos

La nueva ley también obligará a los centros educativos a elaborar planes digitales anuales para regular el uso de ordenadores y tabletas según la edad del alumnado. Rocío Álvarez considera que esta media puede traer «beneficios importantes, como un uso más equilibrado y adaptado a la edad; una mejora del aprendizaje, ya que un plan estructurado puede evitar que el uso de la tecnología reemplace otras metodologías necesarias, como la escritura a mano o la lectura en papel; o el desarrollo de competencias digitales, haciendo que los alumnos aprendan a usar la tecnología de forma responsable y productiva, desarrollando habilidades digitales clave para el futuro». La directora de Escuela de Emociones destaca aquí la idoneidad de «la implicación de docentes y familias, involucrar a toda la comunidad educativa en el uso responsable de la tecnología».

Una de las «patas fundamentales de esta ley» es el desarrollo de una Estrategia Nacional para abordar la prevención o la promoción de otras formas de uso de los entornos digitales, por lo que se incluye un plan de alfabetización mediática; la puesta en marcha de una escuela de madres y padres para entornos digitales en colaboración con ayuntamientos y la Federación Española de Municipios; la creación de laboratorios públicos de cultura digital; o un plan de investigación sobre los efectos de la tecnología en niños, niñas y adolescentes.

Esta misma semana se presentaba en Vigo el proyecto «Sen móbil na escola: eu comprométome», una iniciativa promovida por el Anpa del IES de O Castro y respaldada por Foanpas y que nace con el objetivo de sensibilizar sobre el uso de dispositivos en edad escolar. Dicho proyecto nace «da preocupación compartida por moitas familias sobre a influencia que o uso temperán dos móbiles ten no benestar, desenvolvemento emocional e social do alumnado», dice Rute Pallares, presidenta del ANPA del IES do Castro, que apunta que, «ademais do IES do Castro, o CEP Fleming e o IES Politécnico xa teñen a iniciativa en proceso». Cuentan, además, con el asesoramiento de la Asociación Alborada, Adolescencia libre de Móviles y Ecoloxistas en Acción, destaca Pallares, con la intención de «promover unha rede de ANPAs e de centros educativos que camiñen unidas nesta liña».

Consideran importante esta acción porque Primaria «é o momento clave para adiar a entrega do móbil». «Resulta fundamental visibilizar que esta opción é posíbel, cada vez máis frecuente e beneficiosa», apunta Rute Pallares. En Secundaria, donde la mayoría tiene ya móvil, el reto es «acompañarlas no uso responsábel, a través de acordos familiares e accións educativas que poñan o foco na saúde dixital, no respecto ás demais e na desconexión consciente». La intención también es que, «aparte de tentar que quen chega sem móbil se manteña o maior tempo posible sen el, que a presión social se reduza a través dos pactos de familias e que o profesorado apoie e reforce ditas actitudes».

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