El Gobierno pretende sancionar con hasta 3,5 M vídeos como los del PP de IA sin identificar

El Gobierno pretende multar el uso indebido de la inteligencia artificial con un riguroso régimen sancionador. El anteproyecto de ley para la Gobernanza y Buen Uso de la Inteligencia Artificial aprobado este martes en el Consejo de Ministros establece como una sanción grave, con multas de entre 500.000 y 3,5 millones de euros, no cumplir con la obligación de etiquetado de cualquier imagen, vídeo o audio generado por IA. Esto es, los denominados “deep fake”, como es el caso de los vídeos en redes sociales a los que en los últimos días ha recurrido el PP para cargar contra el Ejecutivo. Se trata de multas que se consideran “disuasorias”, según fuentes del ministerio de Transformación Digital y que, más allá del ámbito político, están pensadas para la protección de menores o de empresas.

En el caso de las prácticas consideras prohibidas, las sanciones son todavía más abultadas. Oscilarán, según el anteproyecto, entre los 7,5 y los 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial, si esta última cifra es superior. Entre estas se incluye el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento y que causen un perjuicio considerable a la persona (identificación de perfiles con adicciones para incitarles a consumir); explotación de vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica para alterar comportamientos causando un daño grave; la clasificación biométrica de las personas por raza u orientación política, religiosa o sexual; la puntuación de individuos o grupos como método de selección para denegar ayudar o préstamos; o la detección de emociones en el trabajo para promociones o despidos, entre otras.

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La autoridad encargada de llevar a cabo las sanciones y vigilar el cumplimiento de la normativa serán la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en la mayoría de los casos. Cuando se trate de cuestiones que afecten a la democracia, será la Junta Electoral Central quien actúe, mientras que el CGPJ lo hará para sistemas de IA en el ámbito de la justicia y la Agencia Española de Protección de Datos en el ámbito de la biometría.

Con este anteproyecto, para trasladar el reglamento comunitario en cuyo impulso fue pionero el Gobierno, con la exvicepresidenta Nadia Calviño a la cabeza, el gobierno completa la tríada de protección de la que forman parte el anteproyecto sobre medios de comunicación y servicios digitales. La adaptación normativa de esta última permitirá hasta bloquear determinados servicios de los gigantes tecnológicos, en el caso de que se reiteren infracciones consideradas muy graves o por motivos de seguridad y salud pública, defensa nacional o de protección de la juventud e infancia.

Discursos de odio

“El secuestro de páginas de Internet o de su restricción cuando esta afecte a los derechos y libertades de expresión e información y demás amparados en los términos establecidos en el artículo 20 de la Constitución”, deberá contar con autorización judicial.

La norma busca hacer frente a los discursos de odio y la desinformación, acabar con el anonimato en las redes sociales o tener acceso a los algoritmos. Al margen de estas reformas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a la UE ir más allá. Tanto a nivel de regulación, para que los “tecnomillonarios” rindan cuenta a título personal ante la justicia en caso de incumplimientos en sus plataformas, como a la hora de presentar una alternativa a los gigantes tecnológicos. Esto es, impulsando sus propias redes sociales, navegadores y servicios de mensajería.