El chiringuito

 Supongo que, para según qué cosas, es bueno no acostumbrarse nunca. Porque mira que me he estudiado ya algunos casos de estafas −consumadas y presuntas− y sigo quedando atónita cada vez que me encuentro con otra. Con la capacidad de pretendidos empresarios de llevar a cabo tretas que pasan inadvertidas al gran hermano del Estado o que cuelan a departamentos de riesgos de entidades financieras. ¿Cómo, si no, pudo Pescanova SA trabajar durante al menos cuatro años con una red de empresas instrumentales a las que facturaba cientos de millones de euros al año? ¿Cómo pudieron el tándem Novas-Villamizar conseguir un préstamo de 9 millones de dos fondos de inversión para comprar Hiperxel aún sin tener auditadas las cuentas de Congelados Cíes? Y la última: ¿cómo pudo Grupo Fomento Multimedia acceder a avales y garantías del Estado durante el COVID si no había regularizado sus libros contables desde 2012?

Pues pudieron. Todas ellas. Creo que la mejor conclusión que podemos sacar es que sus chiringuitos han trascendido, que en FARO los hemos divulgado −incluso destapado− como tales o que, en el caso del grupo de empresas de formación (la mencionada Fomento Multimedia), su administradora concursal tuvo la maestría −que hacía falta, como reconoce la sentencia condenatoria− de desentrañar sus cuentas.

Así que la fiscalización funciona, aunque permanezcan después terribles daños colaterales como el despido de las 300 personas de Hiperxel o la pérdida de la inversión de decenas de clientes de cursos de formación vendidos por Fomento Multimedia y algunas de sus sociedades vinculadas, como Total Agents Sport o Eurocultum. El reguero de comentarios en redes sociales acerca de sus presuntos manejos −cobrar y desaparecer o no impartir las prácticas− es inmenso. Pero, de nuevo: es que sus páginas web continúan operativas, aportando una imagen de normalidad que me deja pasmada.

Para sorpresa también, he de confesar, la decisión de la Procuraduría de Argentina de abrir una investigación sobre supuestas mordidas a cargo de funcionarios del Estado para favorecer en el reparto de cuotas de merluza. No es buena señal y espero que se depuren responsabilidades y que, a fin de cuentas, nuestras pesqueras puedan seguir operando, medrando y generando riqueza en Mar del Plata, Puerto Deseado o Puerto Madryn. Porque es lo que llevan haciendo desde hace más de 30 años.

Muy feliz semana.

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