El tirón del empleo público: 18.300 gallegos más en las listas en un año

El acceso a la administración pública constituye un sueño de estabilidad laboral para miles de ciudadanos, que perciben en un salario público no solo la posibilidad de garantizarse un empleo para siempre sin el temor a un despido por una crisis empresarial u otros motivos, sino también la certeza de establecerse en su lugar de origen, evitando la emigración y blindando la cercanía a su familia y círculo social, según el «Observatorio del Opositor 2025». Por eso, el interés por acceder a la Administración crece y las listas de empleo temporal de la Xunta —que incluyen todos los servicios salvo educación y sanidad— aumentaron en 18.265 inscripciones durante el año pasado hasta alcanzar las 171.386, lo que supone un 12% más que en 2023.

Las oposiciones que la Xunta está convocando en los últimos años irán a más porque poco a poco se empieza a jubilar la generación del baby boom que entró en la administración en los años 80 y principios de los 90. Las vías para lograr una plaza son dos: las oposiciones libres, donde las plazas se otorgan por la nota obtenida en los exámenes, y los concurso-oposición, que permiten añadir a la nota puntos por la experiencia en la administración. Esta última vía es la que genera un efecto llamada para apuntarse a las listas de empleo temporal, pues en cada período de trabajo cubriendo una baja se ganan puntos para un futuro.

Además, también acceden quienes logran aprobar una oposición, pero no consiguen la puntuación suficiente para conseguir la plaza en propiedad, por lo que entran en la rueda de cobertura de bajas, ordenadas por méritos.

Las listas de la administración general de la Xunta permiten acceder a cuerpos administrativos, de bienestar, veterinarios o incluso al servicio de lucha contra incendios. Solo quedan fuera educación y sanidad, pues esos campos cuentan con sus propios mecanismos de sustitución temporal.

La Consellería de Facenda siempre ha justificado la necesidad de contar con este sistema para garantizar el funcionamiento de la Administración y suplir de forma ágil las bajas por enfermedad o excedencia de su personal. «De no existir mecanismos de ese tipo, la continuidad del servicio público podría quedar comprometida por la previsible demora en la cobertura de plazas vacantes», explicó en los últimos años el departamento dirigido por Miguel Corgos.

Sin embargo, los aspirantes a un puesto en la Xunta no siempre aceptan porque no pueden elegir qué tipo de empleo les ofrecen. En algunos casos, la lejanía del puesto, las condiciones horarias o incluso la cercanía de nuevas oposiciones provocan que rechacen la oferta, en este caso para centrarse en estudiar. Para evitar la imposibilidad de cubrir vacantes poco atractivas, Facenda cuenta con un sistema que prevé estos casos y penaliza las negativas, penalizando a quien rechace la oferta durante seis meses sin poder acceder a un puesto temporal y relegándolo al final de la lista.

Hasta la pandemia de COVID-19, esa sanción duraba un año, pero Facenda decidió reducirla a la mitad para facilitar la cobertura de plazas. Ahora se plantea modificar la normativa para fijar ese plazo de medio año de forma definitiva. «Es ventajosa tanto para los solicitantes como para la Administración, que puede disponer de más efectivos, y cuenta además con el acuerdo de las organizaciones sindicales. Por lo tanto, se está estudiando su modificación definitiva», indican desde Facenda.

Durante el año pasado, el departamento de Miguel Corgos castigó a 6.186 ciudadanos por rechazar un puesto, una cifra ligeramente inferior a las 6.267 de 2023, si bien en ambos casos superan las 5.652 de 2022.

De las 6.186 penalizaciones, 3.365 fueron citadas de forma electrónica y 1.727 por teléfono y todas renunciaron cuando recibieron esa comunicación. «Otras 1.094 renunciaron una vez aceptado el puesto de la citación», aclaran desde Facenda, departamento que sostiene que «se trata de un sistema garantista en el que las personas que renuncian por causa justificada pueden alegar y, en caso de ser aceptada, no son sancionadas». Tampoco se castiga por no responder al teléfono, añaden.

Aun así, los aspirantes pueden solicitar temporalmente la suspensión de llamadas.