Una socia de Aldama en hidrocarburos aporta al juez documentación para rebatir a la UCO sobre el permiso que les dio Ribera

Marisa Rivas, hermana del socio de Víctor de Aldama en la trama de fraude de IVA en hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar ante el instructor del caso, Santiago Pedraz, si bien le ha entregado un escrito con extractos bancarios con el que pretende rebatir la hipótesis reflejada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que arroja sospechas en relación con la obtención del permiso que Villafuel se vio obligada a solicitar al Ministerio de Transición Ecológica para operar en este campo.

Fuentes de la defensa han señalado a este diario que Rivas se ha limitado a señalar que, en cuanto tenga acceso a sus cuentas de correo electrónico, donde tiene todas las pruebas para acreditar su defensa, colaborará plenamente con la justicia. No obstante, ha aprovechado su citación para hacer entrega de un escrito con extractos bancarios para aclarar el objetivo de una transferencia por importe de 2,7 millones de euros frente a la tesis de la UCO de que habrían servido a Villafuel para cumplir los requisitos que le exigía el Ministerio de Transición Ecológica entonces al mando de Teresa Ribera para ser dada de alta como operadora mayorista.

Según la documentación aportada, a la que ha tenido acceso este diario, el dinero que Combustibles Lucinala, una empresa bajo dirección de Carmen Pano --la empresaria que admitió haber llevado efectivo a Ferraz-- a Villafuel el 21 de julio de 2022 fue devuelto por transferencia en concepto de “anulación de pedidos” solo un día después, por lo que no pudo ser utilizado para obtener la licencia de operador como esta empresaria declaró.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha ordenado varias diligencias tendentes a aclarar si Villafuel-- habilitada el 15 de septiembre de 2022 por el Ministerio para la Transición Ecológica para el ejercicio de la actividad como operador al por mayor de productos petrolíferos-- pudo obtener dicho permiso "sin cumplir, aparentemente, con los requisitos financieros que la normativa exige". 

De hecho, el pasado 6 de marzo Pedraz solicitó Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que aporte el expediente tramitado para la inscripción en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos de Villafuel, así como documentación sobre el control seguido en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre esta empresa hasta que el cese del permiso el pasado 3 de febrero.

Requisitos financieros

Transición Ecológica había rechazado en diciembre de 2021 conceder el permiso a Villafuel al entender que los recursos propios aportados por la mercantil estaban destinados a la actividad de distribución al pormenor y, por tanto, no podían considerarse cumplidos los "requisitos de capacidad financiera" necesarios para ser operador al por mayor. Para tratar de subsanar este obstáculo, el administrador de la empresa, Pedro Marín, logró un encuentro por videoconferencia con José Luis Cabo Sánchez, subdirector General de Hidrocarburos, según se desprende de las comunicaciones entre los miembros de la trama analizadas por la Guardia Civil.

El escrito presentado este jueves reconoce que la recepción en las cuentas de Villafuel el día 21 de julio de 2022 de 2,7 millones de euros coincide temporalmente con la comunicación que la propia Rivas realizó al ministerio de Teresa Ribera subsanando las deficiencias relativas a su capacidad financiera, que sirvió para contar con fondos suficientes para capitalizar la sociedad. Agrega que la UCO relacionó dicha transferencia con la exigencia legal de disponer de al menos 3 millones de euros para poder ser operador mayorista de hidrocarburos.

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Así lo admitió Carmen Pano tras ser detenida por la Guardia Civil, si bien ahora Marisa Rivas agrega que Pano omitió señalar que los 2,7 euros fueron íntegramente devueltos a Combustibles Luciana un día en concepto de 'anulación de pedidos', toda vez que no existía constancia de estos pedidos y dichas operaciones no cumplían con la normativa interna de cumplimiento normativo (Compliance) de la compañía.

Testaferro

Por otra parte, ese jueves también ha declarado en calidad de investigado Iván Castañer, que ha relatado al juez Pedraz que sus padres le echaron de casa y tenía problemas con drogas y alcohol cuando fue contactado por un tal Antonio que le puso en contacto con Santiago Cirera propietario de una de las firmas de la trama, Skyward Tech. La trama le compró un traje, le llevó al notario y a continuación a una sucursal del BBVA donde le abrieron cuenta. Afirma que Cirera le daba órdenes por el móvil para realizar transferencias, pero hubo problemas con la directora de la sucursal que obligaron a abrir otra cuenta en otra oficina diferente.

Castañer no conocía al resto de socios, tampoco al comisionista Víctor de Aldama, y simplemente hacía lo que le ordenaban. Actualmente desconoce si sigue siendo administrador de alguna de las compañías por las que le hicieron firmar porque se desvinculó. Se enteró del estallido del caso por la prensa y entonces comunicó a la Guardia Civil su disposición a colaborar.