El paso de Álvaro García Ortiz por la Fiscalía General del Estado ha estado rodeado de polémicadesde que en julio de 2022 sustituyera a Dolores Delgado, compañera en la Unión Progresista de Fiscales que había propiciado su fulgurante ascenso desde su puesto como fiscal de medio ambiente en Galicia hasta un lugar 'clave' como es la jefatura de la Secretaría General Técnica, de especial importancia para la toma de decisiones por parte del Ministerio Público. Algunas de ellas, como las relativas al caso Stampa, ya le enfrentaron entonces con gran parte de la carrera, y la situación ha ido enconándose tras su cuestionada confirmación como fiscal general por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez surgido del 23-J, ya que por primera vez en democracia el número uno de la Fiscalía española no contó con el aval de idoneidad por parte del Consejo General del Poder Judicial. También es la primera vez que un fiscal general es investigado por el Tribunal Supremo, que además lo hace en relación con un delito, el de revelación de secretos, que afecta a un ciudadano particular. Pero esta no es la única cuestión pendiente que García Ortiz tiene en el alto tribunal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, la misma que vio desviación de poder en el ascenso a fiscal de Sala de Dolores Delgado, tiene pendiente decidir si anula su propio nombramiento por "pro gubernamental" a instancias de una de las tres asociaciones profesionales que representan a los fiscales en nuestro país. Desde su segundo nombramiento y toma de posesión como fiscal general el pasado mes de enero se han sucedido varias peticiones de dimisión que culminaron en un Pleno celebrado en el Senado en el mes de mayo en el que la mayoría aprobó instar su cese al Gobierno, una decisión también inédita que no tuvo ninguna consecuencia para García Ortiz. Sus polémicas mas relevantes han sido las siguientes: Ya para su primer nombramiento como fiscal general en julio de 2022 el Consejo del Poder Judicial se fracturó a la hora de otorgar a García Ortiz el aval de idoneidad: un total de siete vocales del sector conservador aludieron a su participación en actos que han creado "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia e imparcialidad de la institución que ha de dirigir". Se referían concretamente a la participación de García en un acto organizado por el PSOE de Galicia en 2019. La situación se agravó el pasado noviembre, después de que el nuevo titular de Justicia, Félix Bolaños, decidiera mantenerle al frente de la Fiscalía General: el nuevo dictamen directamente le tachó de no idóneo pese a cumplir los requisitos legales. El tema que ha propiciado su imputación es la filtración de datos personales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso incurso en un procedimiento penal por fraude a Hacienda que pretendía eludir mediante un acuerdo con la Fiscalía. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid comenzó a investigar en este asunto a la fiscal provincial Pilar Rodríguez y al fiscal del caso concreto de fraude, pero el asunto ha acabado salpicando de lleno a García Ortiz. En principio, el Supremo no ve "información indebidamente revelada" en la nota de prensa que dio origen al litigio, pero sí en las filtraciones previas a los medios de comunicación y en el papel que pudo tener en ellas el fiscal general al tener acceso a los documentos del caso por vía de su correo electrónico. Pese a la gravedad de la decisión del alto tribunal García Ortiz rechaza dimitir y defiende que seguir en el cargo es lo "menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", así como que hacerlo "refuerza la independencia de la fiscalía española". El Supremo ya puso en la picota al fiscal general y cuestionó su política de nombramientos al anular el pasado mes de mayo el nombramiento de su antecesora como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. La decisión obligó al Consejo Fiscal a valorar si concurría algún tipo de incompatibilidad con su desempeño por ser la esposa del exjuez y ahora abogado, Baltasar Garzón, cuya labor profesional está muy ligada al ámbito del que venía siendo responsable desde hace casi un año a través de la Fundación FIGBAR. Dicha compatibilidad fue validada dos meses más tarde pese a que la mayoría del Consejo renunció a votar al considerar que se hurtó a este órgano de la documentación necesaria para abordar el debate. Lo relevante es que llovía sobre mojado, pues el pasado mes de noviembre el Supremo ya había anulado el ascenso a la cúpula fiscal de Dolores Delgado, llegando decir que con esta decisión Álvaro García Ortiz incurrió en "desviación de poder". El pasado mes de abril Asociación Profesional e Independiente de Fiscales formulado demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el decreto del pasado mes de diciembre que renovó a García Ortiz en su cargo. El fundamento de la demanda pivota sobre su falta de idoneidad para el desempeño del cargo que se acredita, según los demandantes, en la reiterada "sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves" que culminaron con la anulación por el propio alto tribunal del ascenso a la cúpula fiscal que García Ortiz propició para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. Ante la admisión a trámite de este asunto, el fiscal general actuó y recusó a cuatro de los miembros de la Sala --los mismos que ya han resuelto por dos veces en contra de su política de nombramientos - argumentando que no son suficientemente imparciales para su designación. Los magistrados señalados no se apartaron del análisis y calificaron las recusaciones "atípica" y "extemporánea". Avisaron que aceptar sus argumentos significaría "crear espacios de inmunidad" y cercenar sus funciones constitucionales. Otra de sus decisiones más cuestionadas fue su veto a que el Consejo Fiscal --parte de cuyo origen es electo y con mayoría de fiscales de corte conservador-- presentara un informe al Senado en relación con la proposición de ley de amnistía. Argumentaba que este órgano carece de competencia para informar proposiciones de ley en tramitación parlamentaria, como era el caso, pero su decisión fue calificada de política en contraste con la adoptada por el Consejo General del Poder Judicial, que sí respondió al requerimiento de la Cámara Alta con un documento muy duro contra el concernido de la ley. A esta postura se sumó la negativa de la Fiscalía a investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el Supremo, razón por la que se criticó también su acercamiento al Gobierno de Sánchez. Otra cuestión polémica la propia consideración del fiscal general en la carrera. La mayoritaria Asociación de Fiscales ha venido cuestionando sus decisiones desde antes de su nombramiento, cuando desempeñaba el papel de hombre de confianza de Delgado como responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, especialmente por su actuación en el denominado 'caso Stampa'. Sobre este particular, se criticaron las decisiones adoptadas desde el órgano técnico que llevaron a alargar la investigación interna a Ignacio Stampa, uno de los fiscales de la macrocausa contra el comisario José Manuel Villarejo. Dicha investigación, abierta a raíz de unas informaciones que resultaron manifiestamente falsas, sobre la especial relación del fiscal con una de las abogadas de la acusación de Podemos, fue fundamental a la hora de no otorgarle una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción, lo que supuso su expulsión del caso.